El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires -presidido por la jueza Ana María Bourimborde- decidió este jueves suspender al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de graves hechos de corrupción, e iniciar su juicio político.

El resultado de la votación fue abrumador. Scapolan -que había intentado frenar el jury de todas las maneras posibles- fue suspendido por 9 votos contra uno. De esta manera el jurado aceptó la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand.

La decisión del jurado llega seis años después de la primera denuncia contra el funcionario judicial, realizada en 2016 por Lilita Carrió. Y tiene consecuencias practicas inmediatas: Scapolan queda automáticamente suspendido y con un embargo de un 40 por ciento de su sueldo. Pero lo que es más importante: ya no podrá renunciar a su puesto para detener su posible destitución.

Ahora comenzará una especie de juicio oral contra el fiscal que podrá terminar en su absolución o en su remoción del cargo, con la consiguiente perdida de sus fueros. Por lo pronto Scapolan estuvo de licencia hasta mayo pasado cuando por mayoría (9 votos contra 2) el Jurado de Enjuiciamiento lo “apartó preventivamente” de sus funciones.

Desde que comenzó el proceso en su contra, en plena pandemia de coronavirus, 32 personas -entre narcos abogados y policias- fueron procesados y actualmente esperan que el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Isidro fije fecha de juicio oral y público.

La suerte de Scapolan fue zigzagueante y hoy parece más complicado por el jury que por la causa penal que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez y que tuvo como instructora a Sandra Arroyo Salgado, hasta su apartamiento por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

El proceso Scapolan fue procesado como jefe de una banda de abogados y policías que armaba causas, extorsionaba a narcos y robaba cocaína de los procedimientos. Pero su defensa apeló y en junio pasado la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dio vuelta todo y sólo confirmó una minúscula parte de lo resuelto por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas confirmaron el cargo de “falsedad de instrumento público” en el caso Anacona. En otras palabras, dijeron que para ellos es cierto que Scapolan sabía que el operativo antinarco “Leones Blancos” (2013, “Anacona” es el nombre de la causa) no había empezado y desarrollado como decía la Policía, y aún así lo convalidó.

Pero para la Sala I no está probado que participara de las maniobras en las que se sospecha que, de la tonelada que se había secuestrado, policías bonaerenses se quedaron con la mitad para venderla en la Costa Atlántica.

El fallo fue una gran noticia para Scapolan, quien en los últimos meses había sufrido cierto movimiento peligroso en el trámite de su jury, que había estado parado desde 2016.

En la resolución, la Cámara lo vinculó (aunque muy tibiamente) con el caso “Leones Blancos”, pero le dictó falta de mérito en la acusación más grave: jefe de una asociación ilícita. Y sostuvo que no había pruebas suficientes que lo incriminaran en dos casos (Bustamante y Santellán) por los que ya fueron procesados muchos policías y él también había llegado a Cámara en la misma condición.

Sólo en las últimas horas “Leones Blancos” volvió a ser un problema para Scapolan: en uno de sus últimos fallos del año la Corte Suprema de la Nación no hizo lugar a un pedido suyo de que se declarara nulo el testimonio de un arrepentido, clave en la acusación.

La decisión tomada este jueves por el Jury, en base a los argumentos del Procurador, es tal vez el golpe mas fuerte en su carrera que parece depender más de sus apoyos políticos que del contenido del expediente judicial.

FUENTE - AGENCIA DIB