Un acuerdo político para avanzar con una ley que revierte en parte la reforma del régimen previsional del Banco Provincia provoco un pico de tensión política en PRO, que enfrentó a parte de la máxima dirigencia nacional de ese espacio con un grupo de intendentes  e incluyó una fractura de la mesa de conducción bonaerense. Además, trabó un acuerdo en ciernes para completar las vacantes de la oposición en el Directorio de la entidad financiera.

El acuerdo para votar la llamada “contra reforma jubilatoria” del Banco –un proyecto del Ejecutivo que DIB adelantó en exclusiva el año pasado- había sido sellado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que negoció en nombre del grupo de intendentes PRO, pero fue desautorizado por Mauricio Macri, sobre la base de un informe del exministro de Economía –estaba en la provincia cuando se votó la ley original- Hernán Lacunza.

Ante esa negativa, que Macri expresó con mucho énfasis en una reunión de la Mesa Nacional de PRO y a la que se habría sumado, aunque con menos inflexibilidad María Eugenia Vidal, Grindetti decidió renunciar a su rol como negociador y a su lugar en la mesa de conducción provincial de PRO. Cerca suyo explican que la desautorización dejó el alcalde sin margen para seguir tramitando acuerdos.

No es el único caso en el que ocurre esto: una situación similar se dio cuando se negoció el proyecto que estiró las posibilidades de reelección de los intentes, que dio por tierra con otra norma votada en la provincia durante la gestión de Vidal y terminó con Juntos votando dividido. “Desde Nación se apegan a principios que podemos compartir, pero los intendentes en Provincia tienen necesidades prácticas que no se tienen en cuenta”, explican cerca de Grindetti.

En el caso específico del proyecto de ley jubilatoria del Banco, los que apoyan la nueva ley dicen que como la reforma del régimen jubilatorio contenido en la ley 15.008 –la que se votó en el mandato de Vidal- recortó derechos subjetivos de trabajadores y por eso se vienen acumulando amparos que obligan a la entidad a pagar las jubilaciones con el régimen histórico y al Banco, además, lo hace cargo de las costas de los juicios.

En ese marco, además, se fueron presentando recursos colectivos y se dio una intervención de la Corte Suprema, que ordenó redactar una nueva ley. Y el procurador Julio Conte Grand, en un dictamen en una causa particular, dictó una resolución contraria a la constitucionalidad de la norma. Ese es el marco del acuerdo que negoción Grindetti para votar el nuevo proyecto del Ejecutivo, donde indican que la redacción tuvo en cuenta el aporte de varios sectores.

Los alcaldes PRO, además de señalar que negociaron cuestiones que tienen que ver con el manejo de sus distritos en forma diaria, advierten que un fallo contra la contitucionalidad de la Ley complicaría la gestión del Banco no solo en esta gestión sino en una futura, que podría estar en manos de esa fuerza política.

Por ahora, la intervención de Macri y la salida de Grindetti parece haber congelado el avance y no está claro si va a votarse la iniciativa ni cuándo lo harían. Además, la tensión tuvo otro efecto: congeló un acuerdo vinculado al anterior para completar cargos que le corresponden a la oposición y que están vacantes desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof. Entre ellos, dos sillones en el directorio del propio Banco, para el que PRO designó al exministro porteño Bruno Screnci, cercano a Diego Santilli y al exlegislador Santigo Nardelli, empujado por el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. La situación arrastra además a la UCR, que iba a colocar allí al exdiputado Carlos Fernández, por lo que la crisis política también afecta a esa fuerza.

Por ahora, PRO no designó a nadie para reemplazar a Grindetti al frente de las negociaciones con el Frente de Todos, que por el lado de la UCR corren por cuenta del titular del Partido, el diputado Maximiliano Abad.

No son, además, los único cargos que estaban incluidos en la negociación: también está en juego la designación de Federico Thea al frente del estratégico Tribunal de Cuentas de la Provincia y en organismos de la Constitución, así como las empresas del Grupo Bapro.

La reforma que impulsa Kicillof establece que “el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”.

Si bien mantiene la edad de jubilación a los 65 años, baja a 60 la de las mujeres, ya que en la reforma impulsada por Vidal se había equiparado a la de los hombres. Con el fin de mantener el financiamiento de la caja, sube de 14 a 16% el aporte del personal y del 16 al 21 el que debe realizar el Banco.

FUENTE - AGENCIA DIB