El municipio de General Pueyrredón canceló el Convenio de fotomultas con la Universidad Tecnológica Nacional y firmó otro directo con Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín. No se conocen las causas del nuevo contrato y existen dudas sobre su legalidad y alcance.

En diciembre de 2017 mediante la ordenanza 23484 se autorizó la firma del Convenio entre la Municipalidad y la UTN, donde entre los puntos más relevantes señalaba que el municipio recibiría el 50% de los ingresos de las fotomultas y el 50% restante se distribuiría entre la Provincia (20% por el uso del sistema SACIT de Juzgamiento y Cobranzas) y la UTN 30% por la provisión de equipos, servicios de educación y concientización, procesamiento de información, mantenimiento de los equipos, pago del correo para despacho de las infracciones, provisión de vehículos.

 También la ordenanza determinaba la creación de una Comisión de Seguimiento y Monitoreo para la aprobación previa de las fotomultas y expresaba que el 10% de lo recaudado por el Municipio se destinaría a educación vial, infraestructura vial y de tránsito.

Durante el 2018 y el 2019 se instalaron tótems alertadores de velocidad; cinemómetros fijos;  equipos de control de violación de semáforo en rojo; y la puesta en funcionamiento de cinemómetros móviles. Además, se realizó una campaña de concientización ciudadana, con entrega defolletería y la presencia de simuladores de manejo; y la capacitación de alumnos de 5° y 6° años de escuelas con entrega de material didáctico y preparación para la gestión de la primera licencia de conducir a aquellos que estuvieran en condiciones de hacerlo.

En 2019, teniendo el proyecto menos de un año de implementación, la Municipalidad recibió de la Provincia $ 14.259.420 correspondiente a su 50% de los ingresos por fotomultas.

El proyecto continuó desarrollándose dentro de lo planificado, aunque existían inconvenientes entre la Comisión de seguimiento y los responsables del proyecto por parte de UTN, ya que dicho organismo de control demoraba la evaluación de las fotomultas (que por ley debían ser  despachadas antes de los 60 días de ser cometida), lo que causaba que sean desechadas, siendo una pérdida  para el Municipio.

En  julio de 2021 de forma unilateral la Municipalidad decide dar por finalizado el convenio anticipadamente. De todos modos, en agosto,  la UTN le entregó equipamiento informático al Municipio que fue instalado oportunamente en el Tribunal de Faltas.

Ante esta situación, comenzaron a surgir diversas voces que cuestionaron y preguntaron por qué el intendente Montenegro dio de baja anticipadamente un convenio que le daba porcentajes mayores de ganancias por lo recaudado por las fotomultas; por uno que le dará porcentajes ínfimos, con una Universidad que contratará a la empresa Secutrans, cuyo recorrido en el sector es altamente negativo en cada municipio en donde trabajó.

Voceros de la legislatura local señalaron que “ una vez más el Municipio enfrenta inconvenientes a la hora de llevar a cabo acciones de control y sanción vial, con el objetivo de bajar los índices de siniestralidad” .