La Cámara de Diputados se aprestó a dar una media sanción a la precarizadora reforma laboral del gobierno de Javier Milei, en un triunfo a medias para el oficialismo. La victoria fue deslucida: el proyecto no logró convertirse en Ley debido a la ineludible presión social y política que forzó la eliminación del polémico artículo que modificaba el régimen de licencias laborales, castigando con descuentos salariales a quienes sufrieran enfermedades o lesiones. En un revés para la Casa Rosada, la iniciativa deberá ser tratada nuevamente en el Senado.

Mientras la CGT confirmaba un paro y elevaba la presión sobre los legisladores, el Gobierno se valió de un apoyo político cuestionable para habilitar la discusión en la Cámara baja. El quorum se consiguió con 131 votos, gracias al respaldo clave de un sector del peronismo dócil –que hizo sentir su influencia junto a las bancadas de PRO y fuerzas provinciales– para darle a La Libertad Avanza (LLA) los números necesarios.

Este lamentable número se alcanzó con la asistencia de diputados que responden a gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca), sumados a los de Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En total, estos 16 diputados resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor del ajuste, demostrando un preocupante quiebre en la oposición. Sin ellos, el oficialismo no habría podido iniciar la sesión.

El resto de los bloques que se prestaron a la avanzada del gobierno fueron la UCR, PRO y el MID.
Votación caliente y la obsesión por el "trofeo"

Tal como se esperaba, la reforma se llevó al recinto, pero la quita del artículo 44 sobre las licencias confirmó que la norma ingresó con una profunda herida de origen. Aun así, la votación en particular mantuvo viva la polémica sobre puntos claves que precarizan las condiciones de los trabajadores, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) –que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la ANSES– y la derogación de varios estatutos profesionales.

A pesar de que el proyecto está lejos de ser Ley, la desesperación del oficialismo es evidente. Su obsesión es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción de la norma como un "trofeo" de gestión el próximo 1° de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso. En ese apuro, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, convocó a un plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto para este viernes, con el objetivo de forzar su ratificación en el recinto el viernes 27.

Los cinco ejes restantes de la reforma, que atacan directamente los derechos laborales, incluyen: modificaciones para flexibilizar la actual modalidad de empleo, una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio” (en realidad, desalentar la defensa de los trabajadores), una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinados a medianas inversiones, que priorizan al empresariado en detrimento de los derechos de la clase trabajadora.

FUENTE - AGENCIA DIB