La Justicia allanó el viernes oficinas de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, detuvo a un directivo y emitió orden de captura contra otros ocho, entre ellas su titular Leonardo Cosicorto, por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, mientras centenares de ahorristas en Buenos Aires se agolparon en la casa central de la organización para reclamar los fondos invertidos.

Los procedimientos se realizaron a partir de denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema "ponzi" o "piramidal", que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

La sede cordobesa de Generación Zoe se encontraba cerrada esta semana, en tanto en los últimos días los clientes venían reclamando por las demoras en el pago de utilidades.

Tras conocerse la detención y órdenes de capturas de directivos de la empresa por presuntas estafas financieras en Córdoba, centenares de personas se agolparon el viernes en la sede central de Generación Zoe, en el barrio porteño de Núñez.

Por su parte, en un video publicado en el canal de Generación Zoe en YouTube, Cositorto explicó que la organización está en "un proceso de reestructuración interna y rediseño de ofertas" y denunció que "desde hace 46 días grupos empresariales y mediáticos han empezado a buscar generar una campaña de desprestigio, con ataques sistemáticos y de manera tenaz”.
 

Tras asegurar que se trata de "sólo dos oficinas en Córdoba" las que paralizaron la atención, pidió a los clientes de esa provincia que se muevan "en comunidad" y les ofreció un incremento de 50% en sus beneficios para reconocer su “apoyo y paciencia por este mes”.

“La compañía está haciendo pagos todos los días, pero nos bloquearon cuatro cuentas”, se excusó e insistió en que “hay que tener paciencia, perseverancia y unión”, al tiempo que informó que tiene un nuevo abogado.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio Público Fiscal, la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, ordenó la detención de Gabriela Álvarez; y, además de Cositorto, emitió el pedido de captura internacional de Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.

Desde media mañana los clientes de la organización espiritual se apersonaron en el edificio de la calle Crisólogo Larralde 1801, que se encontraba resguardado por personal policial, y aguardaron durante horas por información sobre su dinero y la pretensión de recuperarlo.
 

Los testimonios de los ahorristas coincidían en que muchos de ellos habían confiado buena parte de sus ahorros en Zoe y se alertaron sobre el riesgo de perderlos con las noticias de los allanamientos.

Hasta entrada la tarde se observaban las filas de inversores en el interior del edificio a la espera de poder ser atendidos y obtener alguna precisión sobre sus fondos, mientras que decenas se agolpaban en la calle a la espera de noticias.

Días atrás, el fiscal federal Eduardo Taiano había imputado por supuestas maniobras de estafa a Cositorto y solicitado una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

El requerimiento presentado ante el juez federal Ariel Lijo incluyó referencias a una denuncia derivada por el ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.

También se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).

Esa ONG desde hace tiempo que sigue "las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso investigar a varias sociedades vinculadas a Zoe Capital con el objetivo de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de su objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales.

Esta fiscalización se suma a la ya iniciada el 26 de enero por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que informó que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.

FUENTE - AGENCIA TELAM