La Provincia de Buenos Aires es testigo de una escalada de violencia que tiene como blanco a los motociclistas que transitan las arterias clave del conurbano, especialmente el Acceso Oeste y la Panamericana. Lo que antes eran incidentes aislados se ha transformado en un fenómeno de crimen organizado, donde bandas delictivas operan con una impunidad descarada, sembrando el terror y despojando a los ciudadanos de sus vehículos.

Estos robos no son meros hurtos; con frecuencia se ven acompañados de una violencia brutal, constituyendo crímenes que atentan no solo contra el patrimonio, sino contra la integridad física y psicológica de las víctimas.

La situación se torna aún más absurda y dolorosa al contrastarla con la inacción percibida de las fuerzas de seguridad. Los motociclistas denuncian una falta de presencia policial efectiva en los puntos calientes y, lo que es peor, una respuesta tardía o inexistente ante los llamados de auxilio.

Esta inercia policial, que raya en la indiferencia, no solo facilita la operación de los delincuentes, sino que profundiza la sensación de desamparo en la ciudadanía. Pareciera que el control de estas vías ha sido cedido al hampa, sin que exista una estrategia contundente para revertir esta realidad.

Para los dueños de estas motos, el impacto es devastador. La motocicleta es, para muchos, su herramienta de trabajo esencial: el vehículo del delivery, del mensajero, el único medio para llegar a sus empleos. Para otros, es el vehículo de recreación que permite un momento de esparcimiento. Hoy, estos ciudadanos se ven obligados a tomar la dolorosa decisión de no utilizar sus motos, sea por miedo a ser víctimas de un asalto violento o por la angustia de perder el bien que tanto esfuerzo les costó adquirir. Esta autocensura forzada es una prueba irrefutable de cómo la inseguridad ha coartado libertades básicas, impidiéndoles trabajar con normalidad o simplemente disfrutar de un paseo, transformando la necesidad y el ocio en una fuente constante de miedo y frustración. La respuesta del Estado, en este contexto, resulta ser un silencio ensordecedor ante la angustia de los bonaerenses.