(AGENCIA NA) Los trabajadores y acreedores de la cerealera Vicentin se mantienen en un estado de incertidumbre sobre el futuro de la compañía y el cobro de sus haberes y acreencias, luego de conocerse el decreto de necesidad y urgencia 636 que deroga el inicial que dispuso la intervención. Nadie lo quiere decir así de claro, pero la realidad es que la empresa, sin la asistencia del Gobierno Nacional, o de la provincia de Santa Fe, no estaría en condiciones de pagar los sueldos de julio. Mucho menos, de regularizar su situación con los acreedores.

Las dudas se basan en que sin la participación en las negociaciones del Gobierno nacional, que se aparta 52 días después del DNU que había dispuesto la intervención de la compañía, y del provincial, que ya se había retirado la noche del jueves 30 de julio del diálogo institucional, se reducen las opciones de algún aporte financiero adicional al generado por la empresa, que en diciembre de 2019 se declaró en cesación de pagos y desde febrero está en concurso de acreedores.

“Este viernes no pudieron pasar más cosas”, aseguraron sorprendidos a NA dirigentes empresarios de la localidad santafesina de Reconquista, sede de los Juzgados Federal y Civil y Comercial y aledaña a la de Avellaneda donde se encuentra la planta de la empresa concursada.

La referencia fue a una secesión de acontecimientos que en cuestión de minutos llevaban a modificaciones en la situación, luego de que el secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Fe, Gabriel Somaglia, anunciara el retiro de la administración de Omar Perotti del diálogo institucional, en abierta discrepancia con los directivos de Vicentin por no querer apartarse de la administración.

Todo esto sucedía mientras se realizaba un allanamiento de la sede de la empresa por orden del juez federal Julián Ercolini, que si bien fue anunciado el jueves a la noche se llevó a cabo el viernes a la mañana y, según testigos del procedimiento, se limitó a un pedido de documentación.

Mientras tanto, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, reclamó que el Civil y Comercial de la misma ciudad, Fabián Lorenzini, le entregase el expediente vinculado al decreto del 9 de junio que dispuso la intervención.

Pero en ámbitos tribunalicios se especulaba con que la Cámara de Apelaciones fallara a favor de la competencia de Lorenzini, lo que podría llevar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esa forma dilatar la resolución del conflicto.

Además del frente político y judicial, los directores de Vicentin dieron a conocer una declaración pública en la relativizaron las diferencias con el gobierno santafesino, aseguraron que estaban dispuestos a renunciar y sólo permanecer “hasta el entregar el balance dispuesto por el tribunal” y también a aceptar una dilución de su capital accionario.

“Es la manifestación inequívoca (de) que los accionistas de Vicentin negociarán de buena fe y constructivamente una solución integral que lleve a la recuperación industrial y comercial de la empresa”, plantearon, minutos antes de que el presidente Alberto Fernández y sus ministros firmaran el DNU 636, que deja sin efecto la intervención dispuesta en el DNU 522.

Asimismo, sostuvieron que la reunión del jueves en el Juzgado de Lorenzini no fue un “fracaso” como había sostenido el gobierno provincial, con quien, aseguraron, hubo “muchas más coincidencias que discrepancias”.ministración, frente al requerimiento empresario de una administración compartida.

“No hay negativa de los accionistas de Vicentin a acordar toda propuesta que sea una solución concreta y sustentable, pero no puede razonablemente pedírseles que voluntariamente claudiquen su responsabilidad y abandonen su propiedad anhelando que haya suerte”, plantearon.

Todas estas marchas y contramarchas del viernes 31 de julio quedaron en un segundo plano luego del segundo DNU del Gobierno nacional que, más allá de las críticas a las decisiones tomadas por Lorenzini, retrotrae la situación a las instancias previas al primer decreto, con lo que el concurso de acreedores proseguirá sin la participación gubernamental.

En el nuevo contexto, trabajadores y acreedores de la cerealera aguardan una definición para contar con una certeza sobre el cobro de sus haberes y acreencias.

Al respecto, cobra especial trascendencia el informe elevado oportunamente a Lorenzini, en el que se señala que en un lapso de sólo 12 días hábiles de noviembre de 2019 el Banco Nación concedió a Vicentin 26 préstamos (es decir, más de dos por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial.

Como el total de la deuda de Vicentin con el BNA al 9 de febrero de este año ascendía a $18.182.297.617,70, de los datos del informe contable se desprende que en ese breve período se concentró el 33,11% del total.

El dato cobra especial importancia si se tiene en cuenta que las operaciones se formalizaron en el tramo final de la gestión presidencial de Mauricio Macri y de Javier González Fraga al frente de la entidad financiera, aunque ya era sabido, por el resultado electoral, que Fernández sería en pocos días el próximo presidente y designaría a otras autoridades al frente del BNA.

Asimismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), advirtió en un escrito presentado a Ercolini que “VICENTIN SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.

La firma, añadió, tuvo un “crecimiento exponencial” entre 2015 y 2018 que “solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito” que alcanzó a $18.500 millones otorgados por el BNA, un monto que “habría superado los límites a los que podía exceder la sociedad en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

“Tras incumplir con las respectivas cancelaciones habría obtenido, de todos modos, una refinanciación sin fundamento”, señaló, para acotar que eso “se habría llevado a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”

Al respecto, la UIF subrayó que después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto de 2019, que fueron desfavorables al gobierno de entonces, Vicentin “comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido” y “anunció su estado de cesación de pagos” y luego “solicitar la apertura de su concurso preventivo” el pasado 10 de febrero.

En la presentación ante la Justicia Federal, La UIF describe las posibles maniobras de lavado de activos en las que habría incurrido la compañía canalizando sus exportaciones a través de Renova y Vicentin Paraguay.

Esta última firma “manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen, pero no tendría allí ni activos, ni fábricas, y casi no tendría oficinas”, aseguró la UIF.

“A su vez, siendo Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos argentinos”, agregó.

En ese punto, la UIF destaca que “es donde toma intervención la firma RENOVA S.A. - que resulta ser la principal productora de biodiesel del país pero también una gran productora de harinas y aceites de soja - en la cual el grupo VICENTIN se encuentra asociado con la firma GLENCORE”.

En base a “investigaciones periodísticas”, el organismo indicó que Renova “habría remitido al exterior parte de sus dividendos, dejando a VICENTIN SAIC con las pérdidas y fugando las ganancias”.

“El hecho de que la totalidad de la soja concluya en el mismo lugar, nos lleva a sospechar sobre la veracidad de las operaciones de exportación de las distintas firmas del grupo. Es posible en este sentido, que se haya hecho pasar soja argentina por soja paraguaya para – justamente– ahorrar impuestos y fugar ganancias, en detrimento de VICENTIN SAIC”, puntualizó.