Un muerto que aparece como empleado municipal. Una familia que asegura que jamás trabajó allí. Y una pregunta que ahora deberá contestar la Justicia: ¿qué hacía José Luis Caro en los registros laborales de la Municipalidad de San Isidro?

El caso fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del joven, quien murió el 8 de diciembre de 2024 como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de San Miguel.

La historia comenzó a tomar un giro insólito después del fallecimiento. Yamila Benítez, pareja de Caro, inició trámites para obtener un beneficio social, pero recibió una respuesta que la dejó perpleja: no podía acceder porque su pareja aparecía trabajando y percibiendo haberes. Ella cobraba la asignación familiar, beneficio que perdió porque en Anses le confirmaron que “trabajaba en blanco” en la Municipalidad.

Había un detalle imposible de ignorar: Caro ya estaba muerto.

La mujer acudió entonces a ANSES Hurlingham y, siempre según consta en la denuncia, allí le informaron que José Luis Caro continuaba registrado como trabajador activo y que la relación laboral correspondía a la Municipalidad de San Isidro.

El organismo previsional entregó documentación vinculada con esa situación laboral y esos elementos ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

Pero la revelación de su madre agrega todavía más sospechas al episodio.

Rafaelli afirmó que su hijo “nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”. Según sostuvo, se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares.

Entonces, las preguntas caen por su propio peso: ¿Quién dio de alta a Caro como supuesto trabajador municipal? ¿Existía un legajo a su nombre? ¿Durante cuánto tiempo figuró como empleado? ¿Se liquidaron salarios? Y si hubo dinero efectivamente pagado, ¿a qué cuenta fue transferido y quién terminó cobrándolo?

También deberá explicarse cómo pudo permanecer activa la registración laboral después de su muerte. Tarea para la Justicia.

La presentación judicial busca justamente determinar si todo responde a un error administrativo, a una negligencia dentro de la estructura municipal o si existió alguna conducta ilícita relacionada con esa supuesta contratación y eventuales liquidaciones posteriores.

La muerte de Caro había dado lugar a una investigación con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero ahora apareció un capítulo completamente diferente que coloca el foco sobre los registros de personal de San Isidro.

La documentación puede resultar clave. Porque si efectivamente existieron altas, recibos, aportes, transferencias o liquidaciones salariales, esos movimientos deberían permitir reconstruir quién incorporó al joven al sistema y qué ocurrió con el dinero.

La Justicia tendrá la última palabra. Pero hay una explicación que la Municipalidad de San Isidro deberá dar: cómo una persona que, según su familia, jamás trabajó para la comuna terminó figurando como empleado municipal y continuó apareciendo como trabajador activo después de muerto.

Si fue un error, habrá que determinar cómo ocurrió. Si hubo pagos, habrá que seguir el dinero. Y si detrás del supuesto “empleado fantasma” existió una maniobra, habrá que establecer quién la armó y quién se benefició.

Porque cuando un muerto aparece cobrando —o al menos registrado como si todavía trabajara—, ya no alcanza con culpar a una computadora.

Un muerto que aparece como empleado municipal. Una familia que asegura que jamás trabajó allí. Y una pregunta que ahora deberá contestar la Justicia: ¿qué hacía José Luis Caro en los registros laborales de la Municipalidad de San Isidro?

El caso fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del joven, quien murió el 8 de diciembre de 2024 como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de San Miguel.

La historia comenzó a tomar un giro insólito después del fallecimiento. Yamila Benítez, pareja de Caro, inició trámites para obtener un beneficio social, pero recibió una respuesta que la dejó perpleja: no podía acceder porque su pareja aparecía trabajando y percibiendo haberes. Ella cobraba la asignación familiar, beneficio que perdió porque en Anses le confirmaron que “trabajaba en blanco” en la Municipalidad.

Había un detalle imposible de ignorar: Caro ya estaba muerto.

La mujer acudió entonces a ANSES Hurlingham y, siempre según consta en la denuncia, allí le informaron que José Luis Caro continuaba registrado como trabajador activo y que la relación laboral correspondía a la Municipalidad de San Isidro.

El organismo previsional entregó documentación vinculada con esa situación laboral y esos elementos ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

Pero la revelación de su madre agrega todavía más sospechas al episodio.

Rafaelli afirmó que su hijo “nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”. Según sostuvo, se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares.

Entonces, las preguntas caen por su propio peso: ¿Quién dio de alta a Caro como supuesto trabajador municipal? ¿Existía un legajo a su nombre? ¿Durante cuánto tiempo figuró como empleado? ¿Se liquidaron salarios? Y si hubo dinero efectivamente pagado, ¿a qué cuenta fue transferido y quién terminó cobrándolo?

También deberá explicarse cómo pudo permanecer activa la registración laboral después de su muerte. Tarea para la Justicia.

La presentación judicial busca justamente determinar si todo responde a un error administrativo, a una negligencia dentro de la estructura municipal o si existió alguna conducta ilícita relacionada con esa supuesta contratación y eventuales liquidaciones posteriores.

La muerte de Caro había dado lugar a una investigación con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero ahora apareció un capítulo completamente diferente que coloca el foco sobre los registros de personal de San Isidro.

La documentación puede resultar clave. Porque si efectivamente existieron altas, recibos, aportes, transferencias o liquidaciones salariales, esos movimientos deberían permitir reconstruir quién incorporó al joven al sistema y qué ocurrió con el dinero.

La Justicia tendrá la última palabra. Pero hay una explicación que la Municipalidad de San Isidro deberá dar: cómo una persona que, según su familia, jamás trabajó para la comuna terminó figurando como empleado municipal y continuó apareciendo como trabajador activo después de muerto.

Si fue un error, habrá que determinar cómo ocurrió. Si hubo pagos, habrá que seguir el dinero. Y si detrás del supuesto “empleado fantasma” existió una maniobra, habrá que establecer quién la armó y quién se benefició.

Porque cuando un muerto aparece cobrando —o al menos registrado como si todavía trabajara—, ya no alcanza con culpar a una computadora.