La organización de derechos humanos presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro para frenar la aplicación de un protocolo municipal que obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

La organización sostiene que el protocolo incumple la Ley 27.610 al imponer requisitos y procedimientos que no están previstos en la normativa nacional, transformando el acceso a un derecho reconocido por ley en un circuito lleno de obstáculos. Entre otras disposiciones, establece como pasos previos –y en algunos casos, obligatorios- consultas psicológicas y con el servicio social, exige ratificar la decisión ya expresada, prevé un manejo indebido de datos personales, compromete la confidencialidad y el secreto médico-paciente, agrega nuevos requisitos para acceder al aborto en casos de riego para la salud y cambia cómo se cuenta el plazo legal de 10 días. Esto puede provocar demoras injustificadas, influir en la decisión de mujeres y personas gestantes, y dificultar que accedan a la práctica a tiempo.

Además, el protocolo impide que las interrupciones del embarazo sean garantizadas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), concentrando la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Esta restricción limita la accesibilidad a la salud y resulta contraria al principio de atención integral y oportuna previsto por la legislación vigente. En la práctica, puede implicar una objeción de conciencia institucional impuesta, lo que está expresamente prohibido.

Amnistía Internacional también advirtió que el protocolo coloca en una situación de riesgo a los propios equipos de salud. La Ley 27.610 incorporó al Código Penal sanciones para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Por eso, aplicar un protocolo contrario a la ley no solo afecta a quienes solicitan la práctica, sino que también puede comprometer la responsabilidad de quienes intervienen en su implementación.

“Lo que ocurre en San Isidro da cuenta de un alarmante retroceso. Desde la asunción de las nuevas autoridades municipales hemos observado un agravamiento de las barreras para acceder al aborto legal. La Ley 27.610 es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley. Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

DEMANDA JUDICIAL

Un patrón sostenido de obstáculos

La demanda se inscribe en el trabajo que la organización viene realizando en el municipio frente a la persistencia de barreras en el acceso al aborto.

Durante 2024 y 2025, Amnistía Internacional recibió testimonios de mujeres y personas gestantes que describieron la existencia de este circuito de obstrucción en el Hospital Materno Infantil. Entre las prácticas reportadas se encuentran la exigencia de requisitos no contemplados por la ley, comentarios moralizantes, la presunta intervención de personas ajenas al equipo de salud en el proceso de atención e incluso situaciones en las que se intentó desalentar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

Incluso, luego del acceso, personas fueron contactadas de forma insistente por mujeres que se presentaban como personal del hospital para averiguar si habían abortado. Difícilmente esta práctica puede entenderse como seguimiento clínico de rutina, respetuoso de la privacidad y la autonomía de las pacientes. Por el contrario, plantea serios interrogantes sobre el posible uso de datos personales obtenidos en el marco de la atención sanitaria.

Lejos de cesar, durante 2026, la organización continuó recibiendo nuevos testimonios de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto en el municipio. Asimismo, relevó testimonios de profesionales de la salud que señalaron presiones para declararse objetores de conciencia en el Hospital Materno Infantil, bajo amenazas o apercibimientos laborales, en posible vulneración de sus derechos.

Opacidad municipal: antecedentes del protocolo cuestionado

Luego de que su existencia fuera revelada por una investigación de CNN, y ante la falta de respuestas del municipio a reiterados pedidos de información pública, Amnistía Internacional inició una acción judicial para obtener información oficial sobre la existencia de protocolos o directivas relacionadas con la atención de solicitudes de interrupción del embarazo.

En ese marco, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro ordenó al municipio informar si existían protocolos vigentes mediante los cuales la Secretaría de Salud hubiera instruido a los efectores de salud bajo su jurisdicción sobre la atención de solicitudes de aborto, así como remitir antecedentes, fundamentos y documentación.

La respuesta presentada por el Municipio en el expediente confirmó la existencia del protocolo ahora cuestionado judicialmente. Se trata de una directiva que no fue debidamente publicada ni fundamentada, y que institucionaliza obstáculos para acceder a un derecho garantizado por la Ley 27.610.

Amnistía Internacional advierte que la falta de publicidad de este tipo de directivas agrava la situación: impide que las personas conozcan cuáles son las reglas que se aplican en la atención sanitaria, dificulta el control público y judicial, y deja a mujeres, personas gestantes y equipos de salud expuestos a prácticas contrarias a la ley.

Si enfrentaste barreras, demoras, maltratos o desinformación para acceder a una IVE/ILE en San Isidro o en cualquier otra jurisdicción, podés contactarte con Amnistía Internacional Argentina: https://amnistia.org.ar/formulario-aborto