El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la inundación trágica del 7 de marzo. Entre los puntos más importante creaba un fondo de $ 200.000 millones.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, y argumenta que las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.

En el Ejecutivo argumentaron que ya impulsaron el 1° de abril la creación de un fondo de $200.000 millones con esa finalidad desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich. Y agregaron que luego de la presentación del proyecto del fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca “dictó el Decreto N° 238/25”, con este mismo objetivo, y que “implementó las medidas que pretendían ser adoptadas por medio de la sanción como ley del proyecto mencionado”.

El texto cuestionó que la ley que vetó “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Según el decreto presidencial, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado. 

FUENTE - AGENCIA DIB