La investigación penal sobre presuntas maniobras ilegales para reducir o eliminar multas de tránsito fue archivada por decisión del fiscal Álvaro Garganta.

La denuncia, presentada en 2023, sostenía que existía una estructura de corrupción integrada por funcionarios de Juzgados de Faltas, miembros del ministerio de Transporte bonaerense y “gestores” particulares. Según la acusación, estos actores aprovechaban su acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT) para borrar infracciones a cambio de dinero, perjudicando las arcas municipales y provinciales.

Sin embargo, tras el análisis de las constancias recolectadas, el fiscal resolvió disponer el archivo de las actuaciones al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar la materialidad ilícita de los hechos.

El fallo técnico subraya que, del estudio del expediente vinculado a las presuntas irregularidades de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), no surgen elementos que permitan sostener la acusación bajo los criterios de racionalidad y eficacia aplicables a la investigación.

La resolución se apoya en lo previsto por el artículo 268, párrafo 4° del Código Procesal Penal, cerrando así un proceso que ponía bajo la lupa el funcionamiento de la cámara empresarial del sector. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados originalmente, la justicia determinó que la evidencia disponible no era apta para avanzar en la formación de un legajo de prueba sólido, lo que deja sin efecto las imputaciones de defraudación económica planteadas en el inicio.