(AGENCIA NA) La tercera parte de la deuda de la cerealera Vicentin con el Banco de la Nación Argentina (BNA) se originó en una seguidilla de 26 préstamos otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre y antes de la asunción del presidente Alberto Fernández.

La información surge del informe contable presentado ante el Juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía.

De acuerdo con el informe suscripto por el contador Mario Aníbal Sandrigo, en ese breve período de solo 12 días hábiles (el lunes 18 de noviembre fue feriado nacional) el BNA concedió a Vicentin 26 préstamos (es decir, más de dos por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial.

Como el total de la deuda de Vicentin con el BNA al 9 de febrero de este año ascendía a $18.182.297.617,70, de los datos del informe contable se desprende que en ese breve período se concentró el 33,11% del total.

El dato cobra especial importancia si se tiene en cuenta que las operaciones se formalizaron en el tramo final de la gestión presidencial de Mauricio Macri y de Javier González Fraga al frente de la entidad financiera, aunque ya era sabido, por el resultado electoral, que Fernández sería en pocos días el próximo presidente y designaría a otras autoridades al frente del BNA.

Al respecto, la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció días atrás a Vicentin por considerar que había llevado “complejas maniobras de lavado de activos” a través de la remisión de ganancias a otras empresas, que representaron “una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina”.

Asimismo, solicitó la inhibición general de bienes de Macri, González Fraga, el por entonces presidente del Banco Central, Guido Sandleris y los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

La UIF no pasó por alto en su presentación que “VICENTIN (a través de sus diferentes firmas) fue el principal aportante de la campaña de JUNTOS POR EL CAMBIO” (en negrita y mayúsculas en el original).

La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde febrero y el 8 de junio pasado el Poder Ejecutivo dispuso su intervención, en tanto se analiza la posibilidad de insistir con su expropiación si no prospera una iniciativa del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para evitar llegar a esa instancia.