(TELAM) Un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, y se convirtió así en la primera denuncia formal realizada por el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y depende del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Acompañaron la presentación el diputado provincial Pablo Garote, mientras el legislador nacional massista Ramiro Gutiérrez trabajó como articulador junto al Observatorio del seguimiento de las decisiones judiciales sobre otorgamiento de prisiones domiciliarias.

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el ámbito de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al "omitir notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria" y que la familia de la chica "se enteró por los medios".

"No estoy cuestionando el beneficio sobre los derechos de salud de una persona privada de la libertad sino porque no le avisó a ninguna víctima", dijo hoy en declaraciones a TN la abogada María Fernanda Petersen, completando lo que se planteó en la presentación.

Agregó que "el 7 de abril se le concedió el beneficio a Ibars y nos enteramos el 29 y dejó claro que lo que cuestiona no son los derechos de salud de una persona privada de la libertad sino porque no le avisó a la víctima.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun "violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público" y que, por tratarse "de un abuso a una joven, también se violó la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres".

Asimismo, afirmó que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

"Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima", precisa el escrito.

En declaraciones a TN, la abogada amplió que el juez Brun le revocó la prisión domiciliaria a Ibars no por el rechazo que provocó sino porque "el 1 de mayo personal del Servicio Penitenciario fue notificado por la pareja de Ibars que tenía miedo porque los vecinos le habían arrojado una piedra y que provocó la rotura de un vidrio".

"Ese fue el justificativo para revocarle el beneficio del arresto domiciliario", expresó la abogada en referencia a la decisión del juez de Ejecución Penal Claudio Brun.

En la presentación, la abogada afirma que "existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa".

Voceros parlamentarios adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las denuncias en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.